El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) publicó su Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Inseguridad Pública (ENVIPE) correspondiente al año 2022, y en esta revela que tres de cada diez hogares mexicanos tuvieron al menos a uno de sus miembros como víctima de algún delito.
Entre los delitos más comunes destacan el fraude, el robo o asalto en la calle o en el transporte público, y la extorsión, que han afectado significativamente a la población. De acuerdo con la ENVIPE 2023, durante el año 2022, se registraron un total de 21 millones de víctimas de delitos en México, lo que equivale a una tasa alarmante de 22,587 víctimas por cada 100,000 habitantes.
Lo más preocupante es que el 92.4% de estos delitos no fue denunciado o no dio lugar a la apertura de una carpeta de investigación por parte de las autoridades, lo que refleja un alto grado de impunidad y una falta de confianza en el sistema de justicia. .
El costo económico de esta ola de delincuencia ascendió a la cifra de 329 mil millones de pesos, con un impacto promedio de alrededor de 8,000 pesos por persona. Estas cifras subrayan la importancia de abordar la seguridad ciudadana no solo desde una perspectiva social, sino también económica.
La encuesta reveló además que el 74.6% de la población adulta mexicana se sintió insegura en su entidad federativa, el 63.7% en su municipio y el 39.9% en su colonia durante el año 2022. Estos datos reflejan una preocupante percepción de inseguridad que está afectando la vida cotidiana de los ciudadanos.
Un dato alarmante añadido por el INEGI es la creciente presencia de armas en la comisión de delitos, lo que agrava aún más la situación. Incluso, la encuesta revela que seis de cada diez niños en México admitieron sentir miedo de estar cerca de una policía, lo que sugiere una preocupante falta de confianza en las fuerzas del orden.
La crisis de inseguridad en México es un desafío apremiante que requiere una respuesta integral por parte de las autoridades. La información proporcionada por el INEGI destaca la necesidad urgente de mejorar la eficacia del sistema de justicia y de trabajar en la reconstrucción de la confianza de la población en las instituciones de seguridad pública. La seguridad y el bienestar de la sociedad mexicana dependen de ello.
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