En un esfuerzo por proteger la integridad de las víctimas de hechos violentos, el Congreso local del Estado de México ha aprobado nuevamente la «Ley Ingrid».
Esta legislación establece sanciones más severas para quienes difundan imágenes de cadáveres, como ocurrió en los lamentables casos de Ingrid Escamilla y Octavio Ocaña, aquellos que violen esta ley podrían enfrentar penas de hasta 12 años de prisión.
La aprobación de esta ley tuvo lugar después de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación señalara que la versión previa de la ley era imprecisa tanto en las conductas prohibidas como en las sanciones impuestas a quienes las infringieran, lo que llevó a su reformulación.
La diputada María Luis Mendoza, del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), destacó ante el pleno del Congreso que «la dignidad, el honor y la intimidad de la víctima, así como la seguridad, paz y privacidad de los familiares, se han visto menoscabados en los últimos años debido a la revictimización y exposición del estado final de quienes pierden la vida, con ejemplos diversos de imágenes tomadas por personal de servicios periciales».
La ley contempla penas de entre 4 y 8 años de prisión para aquellos que difundan material sensible, con agravantes si las víctimas son mujeres, niñas, niños, adolescentes o personas en situación de vulnerabilidad. También se prevé una multa de trescientas a ochocientas veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA).
La reformulación de la «Ley Ingrid» estuvo a cargo de la diputada Luz Ma Bernal, quien modificó el artículo 227 del Código Penal del Estado de México para convertir en delito la difusión de fotografías o vídeos de cadáveres sujetos a investigación, especialmente si el autor es un funcionario público.
La «Ley Ingrid-Ocaña» surge a raíz de casos notorios como el de Escamilla, víctima de feminicidio en la Ciudad de México y el homicidio del actor en el Estado de México. En 2021, el Congreso mexiquense aprobó la Ley Ingrid como parte de los esfuerzos para evitar la filtración de imágenes de cadáveres por parte de funcionarios públicos encargados de la justicia.
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