La noche de este martes, el Instituto Nacional Electoral (INE) analizaba todos los elementos involucrados en el proceso de preparar las reglas que regirán a los futuros precandidatos presidenciales.
Estas nuevas normativas incluirán medidas como el retiro de propaganda con alusiones proselitistas, así como el control de los gastos actuales para cumplir con el tope de precampañas.
Aunque el proceso electoral 2023-2024 está programado para comenzar el 4 de septiembre próximo, y las precampañas no arrancarán sino hasta la tercera semana de noviembre, el INE, siguiendo los parámetros establecidos por la sala superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, ha decidido regular los actos políticos que se lleven a cabo antes del calendario estipulado por ley.
Ante la orden de los magistrados, los consejeros y funcionarios electorales, así como representantes de partidos políticos, han trabajado arduamente desde el sábado para discutir cómo nombrar estas reglas y asegurarse de que no violen los límites establecidos por la Constitución y las leyes.
«El proceso en el que nos encontramos no es precampaña, no es campaña, porque aún no ha iniciado el proceso electoral; estamos frente a algo sui géneris, algo inédito… Debemos ser cuidadosos para evitar que el INE intente legislar. De ahí que lo que se está construyendo es de manera enunciativa», explicó el consejero Jorge Montaño.
Uno de los borradores circulados anoche entre los consejeros incluía el siguiente título: «Lineamientos generales para regular y fiscalizar los procesos, actos, actividades y propaganda que realicen los sujetos obligados o personas vinculadas, independientemente de la denominación que se les dé, como parte del proceso político para definir a quienes podrían ostentar una precandidatura o candidatura, previo al inicio de las precampañas en el PEF 2023-2024».
Dentro de estas reglas, los consejeros buscan incluir medidas que ya fueron emitidas como medida cautelar por la Comisión de Quejas y Denuncias, como por ejemplo, que los partidos permitan el trabajo de los verificadores del INE sin interferir o incitar al público a identificarlos; que los actos no tengan como objetivo obtener respaldo para una postulación electoral; y que «los actos partidistas deberán realizarse preferentemente en lugares pertenecientes al propio partido político, como sus oficinas estatales o municipales».
Dos temas en particular se encontraban en debate para la redacción final: el alcance de los servidores públicos en actos tanto de Morena como de la oposición, y la regulación de la propaganda.
Los transitorios del anteproyecto (sujeto a discusión) establecían la obligación de los partidos de notificar al INE quiénes son sus aspirantes y, en su caso, la propaganda de la que se hacen responsables. Es decir, los propios partidos deberían retirar la «propaganda masiva» de naturaleza electoral o proselitista, ya sea en espectaculares, vehículos del transporte público o en pintas de bardas que contengan imágenes de las personas participantes en los procesos políticos en curso.
De no ser retirada, la propaganda proselitista sería considerada como gasto de precampaña en su momento.
El proceso de fiscalización comenzará a partir de la convocatoria de cada bloque y deberá ser notificado al INE cada tres días. Se advierte, como ya lo establece la ley, que aquellos que rebasen los topes de gastos o realicen actos anticipados de campaña corren el riesgo de perder el registro.
