Redactor: Daniel Lee
En su sesión del 9 de agosto próximo, la Primera Sala de la Corte determinaría la validez de la Reforma de 2020 a la Ley General de Víctimas que eliminó la obligación de destinar un porcentaje mínimo del presupuesto anual para atención a las propias víctimas.
En concreto, eliminó toda referencia al fondo de ayuda, asistencia y reparación integral, de esa ley.
La organización que promovió el amparo se pronunció sobre las implicaciones de esta Reforma y el impacto para las víctimas.
Se trata de medidas indispensables para que las víctimas de delitos y de violaciones a derechos humanos puedan continuar con sus procesos de búsqueda de justicia, son medidas indispensables para miles de personas en nuestro país.
El presupuesto, entonces, para la atención a víctimas quedaba vulnerable, ha quedado vulnerable, frente a los posibles cambios en las prioridades presupuestales o frente a los futuros cambios de gobierno y aunque parece que es un porcentaje insignificante del presupuesto, en realidad hablamos de millones de pesos.
De acuerdo con María Herrera, de la Red de Enlaces Nacionales, cuando hay una desaparición lo primero que surge son las enfermedades, los gastos médicos, los traslados, como dice el compañero, y no hay recurso que alcance.
El proyecto de resolución del ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá, propone que la Reforma es inválida, y que los recursos para la garantía financiera de las medidas de apoyo y de reparación integral, bajo ningún supuesto, sean inferiores al 0.014 por ciento del gasto programable en el presupuesto de egresos de la federación del año inmediato anterior.
