«Lo ocurrido el 7 de agosto es un acto que, de entrada, no debe justificarse»
(ANCOP).- La crisis institucional en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) debe resolverse mediante el diálogo y el Senado podría fungir como interlocutor de buena fe, afirmó el presidente de la Junta de Coordinación Política, Ricardo Monreal Ávila.
En un mensaje difundido en redes sociales, expuso que la conciliación, el consenso y la buena fe deben estar por encima del ataque, el denuesto, el odio y la confrontación.
El senador aclaró que la Suprema Corte de Justicia de la Nación es la instancia que puede dirimir controversias dentro del Poder Judicial.
Recodó que el TEPJF se encuentra en una crisis institucional, provocada por la destitución de su presidente y el nombramiento de uno nuevo. «El Tribunal Electoral es indispensable, con una función esencial en la vida democrática del Estado mexicano; por eso, no podemos desoír, ignorar o minimizar lo que está pasando».
Monreal también publicó, en su página oficial, un artículo en el que explica el contexto, las decisiones tomadas en el Tribunal, los puntos de vista de los involucrados y algunas consideraciones sobre el conflicto.
Destacó que, desde una perspectiva política y jurídica, el Senado debe responder al llamado de restauración y observancia del orden constitucional en el Tribunal Electoral, conforme a sus facultades constitucionales, expresas e implícitas, de nombrar a los magistrados del Tribunal Electoral, de valorar cualquier renuncia o separación, de evitar la desaparición de un poder público derivado de una crisis institucional y en la búsqueda de garantizar el principio de inviolabilidad de la Constitución.
Además, subrayó que lo ocurrido ayer -al dejar sin efecto el mandato constitucional para que el presidente del TEPJF ejerza el cargo por cuatro años y en un ámbito de irregularidad- es un acto que, de entrada, no debe justificarse.
Por el contrario, continuó, debe ser valorado, en especial si atenta contra la estabilidad del Tribunal Electoral. Para ello, debe considerarse que “ni la Constitución ni la Ley reconocen alguna facultad a favor de las magistraturas del Tribunal Electoral para evaluar formalmente a su presidente. El único órgano facultado para supervisar la actuación de las magistraturas integrantes del tribunal es la Comisión de Administración”.
La Constitución tampoco establece facultad alguna para destituir o revocar el acuerdo de designación de un presidente electo. Explicó que la sesión donde se realizó el nombramiento del nuevo presidente tampoco es válida porque se convocó de manera irregular, por la supuesta ausencia del presidente, además de que no se convocó con la anticipación exigida ni se transmitió por la vía idónea, sino a través las redes sociales de la Escuela Judicial Electoral.
“En suma, el Tribunal se encuentra en potencial crisis institucional, pero también en una confrontación política, que sólo se superará con la voluntad de sus integrantes y a través de la interlocución de buena fe, tanto de la Suprema Corte de Justicia y del Senado de la República”, concluyó.
