La Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) lamentó profundamente que “pese a la voluntad política expresada desde el Gobierno Federal al más alto nivel; las Fuerzas Armadas no hayan otorgado toda la información solicitada por el GIEI para profundizar sus investigaciones y coadyuvar al esclarecimiento de los hechos y la búsqueda de los estudiantes de Ayotzinapa”.
Desde su creación, el GIEI ha establecido la necesidad recibir información exhaustiva y veraz por parte de todas las autoridades para esclarecer los hechos de la desaparición forzada de los estudiantes y otras graves violaciones a los derechos humanos.
En su pronunciamiento la ONU-DH expresó su reconocimiento “a lo largo de los años, el trabajo del GIEI ha permitido impulsar avances sustanciales que han corroborado que la versión de la llamada “verdad histórica” fue construida con base en pruebas ilícitas como la tortura, tal como esta Oficina documentó en su informe Doble Injusticia”.
Asimismo, añadió que los hallazgos del GIEI han contribuido a reconocer y dignificar a las familias, a develar la confabulación criminal de autoridades, civiles y militares, de los distintos órdenes de gobierno, y a sustentar la judicialización de más de ciento veinte personas.
Destacó que el informe del GIEI contiene, además, “elementos de análisis sobre el funcionamiento del sistema de procuración y administración de justicia en México y sus grandes limitaciones para resolver casos de alta complejidad y gran impacto, como el de Ayotzinapa”.
Por lo que, La ONU-DH hizo un llamado a las autoridades para implementar todas las recomendaciones del GIEI, las de este informe y las que siguen vigentes de informes anteriores, para lograr avances en justicia, verdad y derechos de las víctimas, así como generar un aporte sustancial al sistema de justicia penal, en especial hacia los casos de violaciones de derechos humanos en México.
“La terminación del mandato del GIEI acentúa ahora la responsabilidad que tienen las autoridades nacionales. Por ello, retomar las recomendaciones de los organismos internacionales y los más altos estándares de derechos humanos en la materia se vuelve una condición indispensable que debe involucrar los esfuerzos y la colaboración de todas las autoridades a fin de esclarecer la verdad acerca de lo sucedido, dar con el paradero de los estudiantes, reparar a las familias y sancionar debidamente a los perpetradores y todos aquellos actores que han afectado u obstruido las indagatorias”.
La ONU-DH también hizo un especial reconocimiento a las familias de los 43 normalistas desaparecidos y a las organizaciones que con gran profesionalismo continúan representando y acompañando a dichas familias. Su exigencia de búsqueda, verdad y justicia ha permitido la instauración de medidas innovadoras y aportes fundamentales en la defensa de los derechos humanos.
De la misma manera, se comprometió a seguir de cerca los resultados de las investigaciones y demás acciones que tome el Estado junto con reiterar su firme compromiso de seguir acompañando el caso al lado de las familias y demás actores sociales e institucionales interesados en su pleno esclarecimiento mediante su asistencia y colaboración técnicas y con base en el diálogo y la interlocución directa.
